Urge registro general de aseguradoras, ante incremento de fraudes

La senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que en los últimos años se han incrementado los fraudes cometidos por aseguradoras extranjeras sin registro o empresas piratas que ofrecen pólizas de manera ilegal en México.

Ante este escenario consideró indispensable crear un Registro General de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, a fin de contar con una lista actualizada sobre las empresas que realizan este tipo de actividades.

En la iniciativa, que propone reformar las leyes de Instituciones de Seguros y de Fianzas y Sobre el Contrato de Seguro, la legisladora argumentó que no existe un mecanismo de información y difusión que permita a los usuarios conocer la legalidad de la institución a la hora de contratar un servicio.

Dijo que aunque no existen cifras que definan con claridad la magnitud del problemas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha reconocido públicamente haber detectado aseguradoras piratas que han realizado un sin número de fraudes a nivel nacional, al ofrecer seguros de vida, de gastos médicos y de responsabilidad civil a precios menores a los del mercado, con mayores coberturas y facilidades de pago.

Además, empresas que operan bajo el nombre de consultoras o despachos especializados en protección jurídica médica, venden seguros de responsabilidad profesional principalmente al sector privado, por lo que médicos, enfermeras, anestesiólogos, cirujanos y quienes se dedican a la medicina han sido víctimas de estas supuestas empresas aseguradoras que operan fuera de todo marco de la ley.

Ante la falta de evidencia empírica, asentó en el proyecto, “las autoridades financieras sólo están limitadas a reconocer este grave problema y a emitir recomendaciones generales para no ser víctima de estas empresas fraudulentas”.

Pineda Gochi propuso prohibir a personas físicas y morales la contratación de seguros de vida y de gastos médicos con empresas extranjeras, para desinhibir la competencia desleal de compañías y agentes que no ofrecen ninguna garantía y que están fuera del marco regulatorio, a fin de evitar que los usuarios de este tipo de servicios sean víctimas potenciales de un fraude.

Con ello, agregó, se pretende dotar de herramientas jurídicas a las autoridades financieras, para que tengan mayores elementos de difusión y de control sobre las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que ofrecen servicios en el territorio nacional.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.