Rigurosas cláusulas de rescisión de contratos petroleros en México no gustan a empresas

Una histórica apertura del sector petrolero de México, que se concretará este mes, podría verse afectada porque algunas empresas temen que el Gobierno tendría demasiado poder facultativo para derogar contratos debido a accidentes de trabajo y otras fallas.

La Secretaría de Energía dice que las llamadas cláusulas de «rescisión administrativa» escritas en cada uno de los primeros 14 contratos de producción compartida que deben adjudicarse el 15 de julio se han redactado razonablemente, pero muchas empresas no están convencidas.

«Definitivamente es un problema para nosotros», dijo un ejecutivo de una compañía petrolera precalificada para la subasta inicial de bloques en aguas someras en el sur del Golfo de México.

Al igual que varios otros ejecutivos, el directivo habló bajo condición de anonimato debido a la proximidad del fallo de la licitación.

El Gobierno de México está apostando a que la apertura del sector energético significará un impulso al crecimiento económico en los próximos años, pero las preocupaciones de las compañías podrían amenazar a la inversión en el sector.

Las cláusulas incluyen la posibilidad de revocación de un contrato cuando la negligencia provoque muertes y una pérdida en la producción o cuando las empresas proporcionen información falsa al Gobierno.

«Para las empresas con un umbral de riesgo más bajo, esto será un problema significativo», dijo Steve Otillar, un abogado del sector petrolero con sede en Houston.

Más de tres docenas de compañías están precalificadas para la licitación inicial, ya sea por cuenta propia o en consorcio, incluyendo la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp y la colombiana Ecopetrol.

El contrato incluye siete diferentes cláusulas de rescisión, y a diferencia de otros términos que han sido modificados por el regulador de petróleo del país -la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)-, fueron escritas en la ley mexicana el año pasado y no se pueden cambiar fácilmente.

«En general, hay una gran cantidad de disposiciones que permiten la terminación unilateral de los contratos y en general no hay compensación de la inversión anterior», dijo otro ejecutivo.

La subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, destacó un largo periodo de hasta dos años en el que los reguladores trabajarán con empresas que enfrenten posibles rescisiones administrativas.

También hizo hincapié en el lenguaje que dice que sólo un accidente «grave» que implique dolo y cause la muerte y la pérdida de la producción podría derivar en la revocación de un contrato, lo cual debe ser aprobado por una mayoría de votos de los siete comisionados de la CNH.

«La comisión (CNH) no está en el negocio de estar rescindiendo contratos, lo que queremos es justamente que los contratos operen y sean respetados por ambas partes», dijo Melgar.

Sin embargo, las dudas persisten.

«Es algo que vamos a considerar en la toma de decisiones», dijo un ejecutivo petrolero de alto nivel, calificando a las cláusulas como «muy inusuales».