En los últimos tres trimestres la empresa registró utilidades (en enero-junio alcanzaron 112 mil millones de pesos, en comparación con una pérdida de 137 mil millones en el mismo periodo de 2016), después de casi 10 años de pérdidas sistemáticas y de deterioro de su patrimonio. Ello fue resultado casi exclusivamente del incremento de sus ingresos (casi 40 por ciento a tasa anual) que, a su vez, fue consecuencia de los aumentos de los precios de la mezcla mexicana del petróleo (44 por ciento) y de los precios internos de los petrolíferos y del gas. También contribuyó el ajuste en diversos rubros de gasto, como los de personal —el número de trabajadores se redujo en casi 20 mil en los últimos cinco años— y lamentablemente de la inversión, que se estima que en 2017 será 25 por ciento inferior a la del año pasado y equivalente a sólo 60 por ciento del ya bajo promedio invertido en 2013-2016.

En contraste con esos ‘buenos resultados’ financieros, como lo declaró la empresa en su comunicado de prensa, los productivos siguen siendo un desastre.

En el primer semestre de este año la producción de crudo se ubicó en cerca de dos millones de barriles diarios, lo que acentuó la tendencia a la baja que registra desde principios de 2014, cuando la producción rondaba en 2.5 millones de barriles diarios. Eso sí, las autoridades de la empresa y de la SHCP señalaron que la caída ‘se estabilizó’ con respecto al trimestre inmediato anterior. ¡Habrá que ver durante cuánto tiempo!.

La producción de gas natural siguió en franco deterioro, al disminuir 9.0 por ciento  tasa anual (lo que implicó un incremento de 5.0 por ciento de las importaciones para abastecer el mercado nacional), así como la de petrolíferos, en particular la de gasolinas, debido a accidentes (refinería de Salina Cruz), paros no programados por falta de mantenimiento y reducción del uso de la capacidad instalada (se sitúa en 60 por ciento) por nulas inversiones en la modernización del sistema nacional de refinación.

La administración de Pemex se ha concentrado en atender los problemas financieros, lo que sin duda era una tarea ineludible e inaplazable, pero ha soslayado los aspectos productivos y operativos, aún los incluidos en su propio Plan de Negocios.

Los avances para deshacerse de activos y operaciones no rentables son nulos (i.e. fertilizantes y etileno, que siguen generando pérdidas); las migraciones de los contratos de servicios integrales a asociaciones bajo la modalidad de producción compartida van muy lentas (sólo se ha negociado una, de más de 20 potenciales, y ni siquiera se ha firmado el contrato), aparentemente por falta de acuerdos con la SHCP.

De todas las denominadas farm outs o asociaciones con empresas privadas en exploración y extracción, que se incluyeron en la reforma energética y las que después agregó Pemex, sólo se ha concretado una (campo Trión con BHP Billition) y se anunció una más (campos Ayin y Batsil); para la infraestructura de almacenamiento y distribución, Pemex ni siquiera ha dado a conocer una estrategia, ya no se diga acciones concretas más allá de la única temporada abierta para uso de instalaciones en Sonora y Baja California que realizó la Comisión Reguladora de Energía.

Todo ello parece indicar que hasta ahora se ha elegido una de las peores opciones para reestructurar una empresa: irla reduciendo cada vez más (¿hasta desaparecerla?), en lugar de identificar las líneas de negocio rentables y capitalizarla para hacerla más competitiva; esto es, mejorar su salud financiera a corto plazo pero poniendo en duda su viabilidad en el mediano. Así, la estrategia actual satisface a agencias calificadoras, que ya mejoraron su calificación de ‘negativa’ a ‘estable’, e instituciones financieras, pero ¿también a los accionistas que somos todos?.