“NADIE QUIERE AHOGADOS POR LA NUEVA LEY”
En medio de una exhortación a la creatividad en el manejo de recursos administrados por la industria aseguradora para estar en posición de hacer frente a compromisos asumidos en materia de pensiones, debido a los plazos y condiciones en los cuales se establecen; de una descripción de la situación y de los avances en materia de alistamiento para enfrentar el nuevo esquema de solvencia relacionado con reservas técnicas y requerimientos de capital, y de un llamado a ejecutar una serie de acciones para lograr el desarrollo esperado para el seguro mexicano; sobresalió una preocupación fundamental: “que no haya compañías ahogadas” por razones jurídicas.
Esto ocurrió aquí, donde del 29 de octubre al 1 de noviembre se llevó a cabo la XXX Convención Anual de Funcionarios del Sector Asegurador (FUSA), la cual, presidida por Miguel Raúl Alonso Obregón y dirigida por Francisco Benet López, logró convocar a las autoridades especializadas, financieros de las empresas y terceros relacionados con el manejo de estrategias encaminadas a lograr que las compañías estén listas para vivir un entorno legal 100 por ciento vigente a partir del 1 de enero de 2016, justo después del trabajo arduo y conjunto en la fase final y una negociaciones intensas en los años y meses precedentes.
Aunque parecieran disociadas las conferencias del jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Óscar Vela Treviño; de la presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Norma Alicia Rosas Rodríguez, y de la directora de Desarrollo y Proyectos Estratégicos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, María de los Ángeles Yáñez Acosta; lo cierto que todo termina por incidir en las consecuencias emanadas de una ley considerada de vanguardia que ha provocado que autoridades especializadas y financieras volteen la mirada hacia el seguro y la fianza por razones generales y particulares.
La época de transición que hoy viven el seguro y la fianza puede ser considerada, de acuerdo con lo dicho durante el evento, como un cambio cultural en un sector conservador y precisamente poco inclinado al cambio, en un proceso que incluye lo que sería susceptible de ser llamada revolución de la información clave, por cierto necesaria hoy para el manejo de los negocios indistintamente de si la autoridad la exige o no la exige. De hecho, se dijo, es un cambio cultural que trasciende lo económico, que afecta estrategias, en la medida en que, por ejemplo, ahora hay que sentarse con el consejo para hacerle ver una realidad de una nueva manera.
Se considera indispensable que los miembros del consejo comprendan a cabalidad el significado de operar la empresa bajo el concepto administración de riesgos, lo que trae consigo el borrado del mapa asegurador de consejeros que ocupaban un lugar por todo tipo de razones y menos por conocimiento del negocio. Hoy, la toma de decisiones deberá ser menos apasionada y menos técnica, concluyó una de las mesas de trabajo. Al respecto, el vicepresidente de Operación Institucional de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Gerardo Lozano, dijo que debe tenerse en cuenta el valor agregado que representa lograr el equilibrio de los tres pilares.
En dicha mesa, quedó en claro que pese a todas las medidas previstas, el proceso de calibración que ha sido trabajado en el curso de los meses no arroja todavía un número final o, por lo menos, ni los aseguradores ni los afianzadores lo han visto. Lo que sí es comprensible es que para explicar qué ocurre afuera del modelo, hay que comprender qué está ocurriendo dentro del modelo utilizado, que al principio pareció una caja negra pero que al final fue abierta.
Comoquiera que sea, al principio de la aplicación será doloroso y, la advertencia, lo deseable es “que no se ahogue nadie”. Por lo pronto, en lo que hace a la inminente disposición de que las empresas liberen reservas, hay toda una revolución, en la medida en que las reservas no parecen ser de los accionistas, sino de los asegurados, pero cuestionan si deben ser fuente de utilidades adicionales, pues, en todo caso, señalan, deberían ser objeto de un manejo que terminara por favorecer los intereses de los asegurados. Por supuesto que en este escenario, sale a colación el tema de las tasas garantizadas para los usuarios, que orilla a que una empresa asuma riesgos o deje de asumirlos cargando el riesgo a los asegurados.
Una segunda mesa puso de relieve la importancia que de aquí en adelante tendrá un consejo maduro, preparado, que entienda lo que implica manejarse en un entorno regido por la administración de riesgos. Será fundamental que haya financieros capaces de explicarles a los consejeros, a los integrantes del gobierno corporativo, todas las repercusiones que el nuevo esquema de solvencia trae consigo.
El eje central en este caso lo era la opción de liberar reservas, que lo mismo ha despertado un “no” rotundo, que un “más vale que sí”, por las circunstancias que vive el gobierno en materia de necesidad de recursos. Comoquiera que sea, un desafío radica en la eliminación de la posible volatilidad que pudiera presentar un balance, lo que exige, para empezar, que haya una cabal comprensión de lo que significan las reservas técnicas, para no llegar a decisiones incorrectas. Se trata de lograr que todos los involucrados en el gobierno corporativo lo entiendan perfectamente.
No obstante, se hizo hincapié en que la comunicación que se ha venido haciendo desde hace dos años ya ha tenido como propósito aclarar las dudas que pudieran haber surgido y prepararlos para tomar mejores decisiones… De ahí, se dijo, que por ejemplo en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se trabaje con equipos multidisciplinarios, con una interacción muy participativa. La idea es que cada una de las empresas pueda preguntar y que los especialistas pregunten sin temor a admitir que no saben de un tema determinado.
También quedó en claro que todo lo que se ha vivido hasta ahora ha significado una serie de cambios que proseguirá, por lo cual todos los involucrados tendrán que continuar estudiando, preparándose, sobre todo porque cada compañía es diferente de las otras, y sus problemas tampoco son iguales, no obstante lo cual es preciso llegar a cierta homologación, de modo tal que la información que le sea entregada a la CNSF ayude a identificar los problemas que en cada caso se presenten.
Lo multidisciplinario también se ha vivido en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. De ahí que, por ejemplo en el tema liberación de reservas, haya sido elaborado un documento que plantea a las autoridades hacendarias el impacto fiscal que la posición del Sistema de Administración Tributaria podría dejar sobre las aseguradoras, todo esto en materia de libración de reservas que, sostienen algunos, no son parte del capital, sino, en todo caso, de los accionistas, o simple y sencillamente los asegurados han estado pagando de más por los seguros adquiridos.
En el aspecto contable, también hay mucho qué revisar. De ahí que la función de auditoría interna cobre también un rol relevante en el nuevo entorno legal, pues ésta debe dominar aspectos tradicionales y nuevos para poder detectar en qué fase se encuentra una determinada institución. Se trata de nuevos desafíos que, se dijo, no se sabe si quienes ejercen la función están preparados para afrontarlos. Su marco de referencia está sin embargo debidamente delimitado por la CNSF, así como por la propia actividad.
En este punto, salió a colación nuevamente el hecho de que las compañías de seguros trabajan con recursos de terceros, y que, por cierto, para argumentar a favor de una mayor flexibilidad de las autoridades, no caben términos tales como “mucho”, pues en materia de números, ese “mucho” no dice nada. En la medida que, se insistió, nadie quiera ahogados en todo este proceso, es conveniente diseñar mejores argumentos para vender la idea ante las autoridades. Hoy, de nueva cuenta en el ámbito de las reservas técnicas, se necesitan mejores argumentos para lograr que las propuestas sean admitidas.
Por lo demás, hoy, para quien se involucre en el negocio de los seguros, sobre todo en terrenos de lo financiero, de lo administrativo, conocer los procesos resulta clave. Así, la gente con experiencia y conocimiento tendrá una ventaja pues afrontar los nuevos retos no será sencillo, y aun así éste deberá evolucionar, pues los planes nuevos deberán ser elaborados en un entorno regido por un esquema de solvencia más puntual y exigente, y, además, será menester darle un seguimiento que garantice que ese plan se vaya cumpliendo adecuadamente. Aterrizar esas auditorías se volverá, entonces, algo mucho más profundo.
Por lo pronto, sin embargo, el mayor impacto se ha registrado en el costo que implica la regulación. Incluso las empresas más pequeñas, por ejemplo, en 2016 deberán sumar gastos fijos en algunos rubros, para cumplir con los nuevos estándares. Esto deberá ocurrir sobre todo porque hoy en día hay empresas que están por debajo de los que exigirá la CNSF. Ese cumplimiento implicará añadir costos fijos, pues se da el caso de que si antes podía hacerse mediante contratación de externos, ahora la ley obliga a que sean recursos propios, dejando a los consultores el papel de ayudar a estructurar. Desde la óptica de la autoridad especializada, la función de auditoría interna, por ejemplo, debe ser propia, es parte del gobierno corporativo y lo que busca es mitigar el riesgo de pérdida. Llamó a no olvidar el principio de la proporcionalidad en la estructuración de la función.
El papel de las calificadoras es otro renglón de interés. Correspondió a Manuel Calderón de las Heras, director general de A.M. Best Latinoamérica, hablar del tema. De entrada, dijo que una calificación es inútil si no añade valor para la institución calificada. Hasta ahora, fue el sentir de la concurrencia, las calificaciones solo han sido para cumplir una disposición pero no se le ha aprovechado para hacer más negocio o generar una cultura. Según lo platicado en este escenario, el mercado habrá de hacer algo para difundir más y mejor las calificaciones que las empresas reciben. De hecho, la difusión de las calificaciones se considera algo relevante y demanda que se explique qué hay detrás de cada una de ellas.