El gobierno y Pemex, arreglar lo que descompusieron

El diario El País entrevistó hace un mes al nuevo director de Petróleos Mexicanos. En la última pregunta de la charla, el corresponsal Jan Martínez plantea a José Antonio González Anaya que “Pemex se la está jugando, ¿no? Porque con la crisis han salido a flote todos sus problemas”. El funcionario respondió que “pues sí. Pero mejor que salgan ahora, que luego y en peores condiciones. No hay duda”.

Singular este gobierno, que parece sorprenderse ante problemas que él mismo ha creado. Seguro González Anaya está ya al tanto de uno de ellos, pero dado que este funcionario dice que lo mejor sería que todos los problemas salieran ahora, vale la pena repasar uno de los retos, uno que tiene que ver con los pasivos de Pemex.

Hasta 2014, a Pemex le estaba permitido deducir por costos 6.5 dólares por barril de petróleo. Es poco, sobre todo si tomamos en cuenta que producir un barril le costaba en ese entonces 23 dólares. En otras palabras, prácticamente deducía la tercera parte de sus costos.

Lo anterior cambió con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, promulgada en agosto de 2014, que para Pemex entró en vigor en 2015. Esa legislación establece que en 2015 la ahora llamada Empresa Productiva del Estado sólo podría deducir 10.6 por ciento del valor de lo extraído, 11.07 por ciento en 2016, 11.55 por ciento en 2017 y 12.02 por ciento en el año en que termina el sexenio. En otras palabras, Pemex pasó de deducir lo que ya era poco (6.5 dólares por barril) a deducir alrededor de 4.3 dólares por barril en 2015 (cuando el promedio de la mezcla mexicana fue de 43 dólares) y este año la deducción es de menos de tres dólares por barril, pues los primeros meses del año la mezcla mexicana ha promediado por debajo de 30 dólares.

Con los datos anteriores, y dado que a Pemex le rebajan las deducciones pero no los impuestos, en la comparecencia de González Anaya el 8 de marzo en San Lázaro el diputado Julio Saldaña puso el dedo en la llaga: “El régimen fiscal anterior a la reforma era, para decirlo de manera coloquial, menos peor que el actual. Cómo pretender ayudar a Pemex (…) ¿Por qué no mejor proponemos lo que tanto ha anunciado? La reforma energética en materia fiscal para el caso de Pemex. (…). El gobierno federal con su política hacendaria ha quebrado a Pemex”.

Aunado por supuesto a la pronunciada caída en 2015 del precio del barril, ese cambio en la ley provocó que mientras en el primer trimestre de 2014 Pemex tenía que pagar en impuestos y derechos a Hacienda el 121 por ciento de su rendimiento de operación, al año siguiente ese rubro se fue a 400.7 por ciento, según detalló La Jornada (06/03/16).

¿Cómo hizo Pemex para llenar esa diferencia? Bueno, ahí está el reclamo de la IP que el viernes dijo que aún se le deben 120 mil millones de pesos a proveedores, y la recurrente adquisición de deuda de la petrolera.

Volvamos a la entrevista de El País a González Anaya. El corresponsal le pregunta: “¿No es exagerado que la carga fiscal que soporta Pemex sea de 70 por ciento?”.

González Anaya: “Pemex es una empresa productiva del Estado. Esa es parte de nuestra función. Estamos abiertos a hablar de esta carga, pero es una decisión del Estado, no de Pemex”.

El gobierno y los mismos partidos que desde el Congreso le pusieron esa nueva zancadilla fiscal a Pemex hoy deben, en efecto, tomar una decisión de Estado. Se antoja difícil.